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LA JUSTICIA FRENA LA
IMPLOSION DESDE JULIO DE 2004
Utilizarán otro sistema para demoler la ex
cárcel de Caseros
Aplicarán microimplosiones,
para no contaminar la zona. Tardarían 18 meses, con
un gasto de 7.800.000 pesos. Hoy, el edificio es un
riesgo.
MERCEDES MENDEZ
Las celdas eran tan
pequeñas, que cada vez que había un motín los presos
aprovechaban el caos para hacer boquetes en las
paredes y lograr que les entrara la luz del Sol.
Esta mole de cemento de 85 mil metros cubiertos y 23
plantas, se empezó a construir en 1960 y recién fue
inaugurada en 1979 por el entonces dictador Jorge
Rafael Videla. El 9 de agosto de 2000 quedó
totalmente vacía, luego de años de superpoblación.
Desde ese día y hasta ahora, la ex cárcel de Caseros
fue un constante eje de anuncios y promesas que
jamás se cumplieron: una escuela, un complejo de
viviendas, una plaza y hasta un museo, pero el
edificio sigue ahí, cada vez más debilitado y a la
espera de una definición.
El proyecto de implosión que había propuesto el
Gobierno porteño está frenado desde julio de 2004
por un amparo judicial presentado por los vecinos,
preocupados por el impacto ambiental y los daños que
produciría, tanto para las personas que viven en
Parque Patricios como para los niños del Hospital
Garrahan, ubicado solamente a una cuadra.
Sin embargo, desde la Secretaría de Infraestructura
porteña no quieren frenar las obras, por lo que
estudian un nuevo método de demolición mecánica.
"Vamos a implementar un sistema de microimplosiones
que actúa de manera parcial y es más largo y costoso
que el proyecto original", anticipó a La Razón
el secretario del área, Roberto Feletti, quien
resaltó que las obras no pueden ser paralizadas
porque "no es aconsejable tener semejante estructura
de hormigón debilitada en un espacio público". Esta
nueva alternativa, de llevarse a cabo, sería
desarrollada por personal especializado del
Ejército.
Desde que se vació la cárcel en la que estuvieron
—entre otros— Jorge Rafael Videla, Guillermo Coppola
y Omar Fassi Lavalle, ya se gastaron casi dos
millones de pesos en fumigación y tareas de
prevención.
MAQUINAS Y MARTILLOS
Ahora, para este nuevo proyecto, se utilizarán
máquinas que contienen martillos neumáticos y que
rompen el hormigón, el hierro se corta con una
especie de soplete llamado oxicorte y las palas
mecánicas van levantando los escombros. A su vez, se
depositan micro cargas, que son cantidades mínimas
de explosivos que permiten la fractura de grandes
piezas de hormigón. Todo este proceso tardará unos
18 meses y costaría alrededor de 7.800.000 pesos,
según Feletti. Si hay algo en lo que están de
acuerdo tanto los vecinos, como en la Justicia y el
Gobierno porteño es que esta estructura debe
desaparecer, el conflicto se centra en cómo hacerlo.
Para Patricia Flores —una de las vecinas que
presentó el recurso de amparo ante la Justicia— "el
Gobierno no puede presentar un estudio de impacto
ambiental serio" y resaltó: "Nosotros no podemos
proponer el método, pero lo que no queremos es la
implosión". Es que si se recurre a este método, el
impacto generaría dos ondas expansivas: un aérea que
contaminaría el aire con polvo, y otra subterránea,
que podría causar roturas y rajaduras.
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La cercanía que tiene la
ex cárcel de Encausados de la Capital con hospitales
y diversas instituciones fue el principal factor que
impidió la implosión. El Hospital Pediátrico Juan P.
Garrahan, el Muñiz, el Cenareso, la Dirección
Nacional de Sanidad, el Hospital de
Gastroenterología, el Instituto Nacional de
Medicamentos, las fábricas de chocolates Shigeo
Kochi y Bombassi, Proteínas Argentinas S.A y los
edificios son las principales estructuras que
podrían sufrir el impacto ambiental.
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