|
Jueves 14 de octubre de 2004
Otra
vez sopa
Dice que el gobierno no informó a los vecinos sobre el impacto ambiental La Justicia impide demoler Caseros
Debía suceder el primer sábado lluvioso de octubre; ahora ordenan una nueva audiencia pública
La resolución judicial es por un recurso de amparo que presentaron una ex legisladora y cuatro vecinos
Estiman que la destrucción empezaría sólo en el verano
Los vecinos de Parque de los Patricios que creyeron en la promesa del gobierno porteño cuando decía que la demolición de la cárcel de Caseros comenzaría el primer sábado lluvioso de octubre deberán seguir participando. Y sin saber hasta cuándo.
La Justicia ordenó suspender la implosión hasta que se haga una audiencia pública temática no vinculante para que los vecinos del barrio conozcan el impacto ambiental que la obra va a provocar en el barrio.
Oficialmente, en el gobierno porteño ya nadie arriesga nuevas fechas. Por lo bajo, en la Secretaría de Infraestructura y Planeamiento, a cargo de Roberto Felletti, se especula con que la audiencia sólo tendría lugar en diciembre próximo y que la demolición comenzaría a fines de enero o a comienzos de febrero.
Sin embargo, desde 2002, cuando la Legislatura porteña aprobó la demolición, los plazos que estableció el gobierno sistemáticamente se fueron corriendo a medida que se acercaban.
La Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de la ciudad confirmó el fallo de primera instancia de la jueza Lidia Lago, que entendió que el gobierno porteño viola la ley 123 de impacto ambiental al omitir la celebración de tal audiencia.
La resolución judicial fue dictada a partir de un recurso de amparo que presentó, junto con cuatro vecinos de la cárcel, la ex legisladora porteña Patricia Flores, que renunció a la banca que ocupaba por Autodeterminación y Libertad en julio último.
"El recurso de amparo evita que se siga con las obras. Pero es una cuestión de procedimiento. Reclamamos que los estudios de impacto ambiental y sísmico que constan en el expediente de la obra del gobierno porteño son insuficientes e incompletos. No se consultó a expertos de la Universidad de Buenos Aires, como establece la ley 123. Nosotros presentamos otro amparo por el tema de fondo y adjuntamos un informe del geólogo ambientalista de la UBA Rubén López, que estudió los informes del gobierno y dice que no son suficientes para garantizar que la implosión sea el mejor método o el más seguro", dijo Flores a LA NACION.
La procuradora general de la ciudad, Alejandra Tadei, sostuvo que la medida cautelar no tiene sustento: "El argumento es que se omitió la audiencia pública, pero el artículo 40 de la ley 123 establece una excepción para las obras de relevante impacto ambiental que se encontraban en desarrollo, ejecución o funcionamiento en el momento en que se promulgó la ley, como es el caso de Caseros", dice Tadei.
Justificaciones varias
La ley de impacto ambiental votada por la Legislatura porteña se promulgó el 19 de enero de 1999. Mientras que la aprobación de la demolición de la cárcel fue el 12 de diciembre de 2002, y unos meses más tarde se votó la rezonificación del predio.
Sin embargo, Tadei insiste en justificar que ya el 27 de marzo de 1995 el gobierno nacional había dispuesto el plan director de política penitenciaria que impulsó la construcción de nuevas cárceles y el traslado de los detenidos en Caseros. "El proceso de traslado de la cárcel comenzó antes de que se votara la ley", asegura la procuradora.
La Cámara entendió que no era así. Y confirmó el fallo de primera instancia, que dispone la realización de la audiencia pública como condición para que se continúe con las obras. "De todos modos, los trabajos preparatorios de la estructura siguen adelante, porque lo que la medida judicial establece es que por el momento no se puede demoler la cárcel", dijo la subsecretaria de Obras y Mantenimiento, Lía María.
Evangelina Himitian
|